CIUDAD DE PANAMA.- Los tres dominicanos imputados en Panamá por su presunta participación en el reclutamiento de ciudadanos de ese país para combatir en el conflicto entre Rusia y Ucrania continuarán bajo detención provisional. Su defensa apeló la medida y la audiencia para revisarla fue fijada para el 15 de octubre.
De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial panameño, el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Luis Ceballos, ordenó la detención provisional de los imputados -una mujer y dos hombres, de 57, 58 y 37 años-, al considerar que la medida era necesaria, idónea y proporcional a la gravedad de los hechos investigados.
Los imputados fueron identificados por la prensa local como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García. Para la imposición de la medida, el juez señaló riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga, la destrucción o alteración de pruebas y la afectación de las víctimas.
Según un video difundido por el diario La Prensa, la fiscal Elizabeth Carrión afirmó que una de las presuntas víctimas denunció haber recibido amenazas incluso el día anterior a la audiencia en la que se impuso la medida cautelar, celebrada el pasado 25 de septiembre.
En la audiencia, el juez indicó, además, que existen entrevistas y diligencias con señalamientos directos contra los imputados, así como elementos que los vinculan con la captación de personas a través de redes sociales, que, junto a la gravedad del delito, sustentan la medida.
Antes de ordenar la detención, Ceballos legalizó la aprehensión y admitió la imputación presentada por Carrión, de la Segunda Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Los abogados particulares Luis Gabriel Morales y Antonio Manuel Castillo, a cargo de la defensa, anunciaron que apelarían la decisión. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial está programada para el 15 de octubre, a las 2:00 de la tarde, en la sala 1 del edificio Plaza Fortuna.
EL CASO
Ramírez, Newball y García fueron imputados por presunta trata de personas agravada y delincuencia organizada, en relación con el reclutamiento de panameños para participar en la guerra. La Fiscalía sostiene que los procesados recibieron transferencias por más de 800,000 dólares para captar personas dispuestas a viajar a Rusia y combatir.
Según la investigación, los acusados presuntamente forman parte de una red que prometía pagos a los reclutas, pero no cumplía lo ofrecido e incluso les quitaba los pasaportes al llegar al frente.
El caso está relacionado con la operación «Rescate Soberano», una investigación iniciada en junio de 2026 por la presunta captación de ciudadanos panameños con fines militares. Carrión señaló que seis personas han sido procesadas en esta investigación.
Al menos seis panameños reclutados han muerto y otros 15 están desaparecidos, según recoge La Prensa.
De acuerdo con información oficial, Panamá ya repatrió a 17 de sus ciudadanos ilesos vinculados a la guerra, 11 que estaban en filas rusas y seis en filas ucranianas. Según la Cancillería, había 30 panameños participando en el conflicto.
CÓMO OPERABA LA PRESUNTA RED
De acuerdo con declaraciones de Carrión a La Prensa, el grupo contactó por redes sociales, como TikTok, a los panameños Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.
La fiscal explicó que los reclutadores convencieron a los tres hombres de viajar a la ciudad de Panamá para tramitar sus pasaportes, comprar boletos aéreos y firmar un contrato para prestar sus servicios en la guerra.
Una vez allí, según la Fiscalía, los llevaron a un alojamiento llamado Chellox Panamá Airport, en Tocumen. Desde ese lugar, los reclutadores habrían gestionado pagos con tarjetas de crédito y trasladado a los hombres para completar los trámites del viaje.
Dos de ellos abandonaron el alojamiento y contactaron a la Policía al sospechar que podrían ser explotados laboralmente. El tercero viajó a Rusia, pero no recibió los 2,000 dólares que le habían prometido. Posteriormente, contactó a la Cancillería panameña para pedir ayuda y fue repatriado.
Las autoridades panameñas señalan a Joselyn Ramírez como presunta cabecilla del grupo. Según la investigación, viajaba con frecuencia a Colombia, donde recibía instrucciones y dinero para operar en Panamá.
