Santo Domingo, RD.-El senador Antonio Taveras sacudió el escenario político dominicano al desnudar las carencias del sistema institucional y detallar, de manera frontal, los motivos reales que provocaron su transición hacia la independencia política fuera de las filas del PRM. En una reveladora entrevista con el periodista Pablo McKinney, el legislador por la provincia de Santo Domingo arremetió contra la «democracia del favor» y los parches institucionales.
Antonio Taveras: «Los programas sociales profesionalizan la pobreza»
El legislador independiente enfocó sus críticas en el uso clientelista de los fondos públicos, un mal que analiza en su nuevo libro. Según Antonio Taveras, el Estado dominicano ha sustituido los derechos ciudadanos por dádivas y asistencialismo de corto plazo, creando una relación de dependencia donde el elector vota por agradecimiento y necesidad, y no con verdadera libertad democrática.
Rabalización estatal: Criticó que los recursos de asistencia se entreguen a los políticos para sus militancias, en lugar de usar criterios técnicos como el Siubén.
Desprecio al 4%: Denunció que el presupuesto educativo se diluye en burocracia y pactos políticos, sin impactar la calidad de las aulas por temor a la ADP.
«Mi salida del PRM no fue por enojo; fue un proceso de año y medio conversado con el presidente Abinader. Me voy para mantener la coherencia ética ante las trabas burocráticas que frenan el desarrollo de nuestra provincia.»
Una Policía autoritaria que no se reforma con salarios
Al abordar la seguridad ciudadana, Antonio Taveras fue tajante: la Policía Nacional no necesita parches, necesita una refundación. Sostuvo que la institución mantiene intacta su cultura represiva y militarista heredada de la dictadura, provocando que el agente, al ponerse el uniforme, vea automáticamente al joven de barrio como un «sospechoso por defecto».
Para el senador, los aumentos de sueldo son insuficientes si se mantiene el desorden estructural y la complicidad interna con el delito. Concluyó que su prioridad en el Senado será empujar la Ley de Conflicto de Intereses para frenar la corrupción administrativa antes de terminar su gestión y regresar a sus labores en el sector empresarial.
