Por: Jhonny González
La Ley del Voto del Dominicano en el Exterior representó una conquista histórica, luego de décadas de lucha, sacrificios de activistas comunitarios en el exterior y un reconocimiento formal de que nuestra diáspora no es solo una fuente de remesas, sino una parte integral y viva de la soberanía nacional.
Sin embargo, al parecer, después que matamos al tiguere le salimos corriendo al cuero. En las pasadas elecciones de 2024, la abstención en el exterior alcanzó niveles alarmantes, superando con creces la falta de participación en territorio dominicano, con una participación que no superó el 20%. Esta apatía no es solo un número estadístico; es una renuncia implícita al poder de decisión sobre el futuro de la nación que dejamos atrás, pero que seguimos sosteniendo económicamente.
Existe una percepción peligrosa en nuestra comunidad: la idea de que la distancia nos exime de nuestras responsabilidades cívicas. Es imperativo recordar que ser dominicano conlleva una relación de reciprocidad con la Patria. Así como exigimos —y con razón— mejores servicios consulares y protección, también tenemos el deber sagrado de fortalecer la democracia a través del sufragio. Si queremos una República Dominicana próspera, no podemos ser espectadores pasivos cada cuatro años.
Ante la inercia participativa, ha llegado el momento de plantear una reforma profunda en la relación Estado-Diáspora. La propuesta es clara: vincular el ejercicio del voto con el acceso a los privilegios y programas estatales. No se trata de castigar, sino de incentivar la responsabilidad civil. El Estado dominicano ofrece una serie de beneficios exclusivos para quienes residen fuera, los cuales deberían estar sujetos a la validación de haber cumplido con el deber electoral.
El tradicional beneficio de traer artículos y regalos en diciembre -la gracia navideña- debería requerir la presentación de la constancia de votación; los programas de bajo costo y facilidades bancarias estatales para adquirir inmuebles en la isla deben priorizar a los ciudadanos comprometidos con el sistema democrático; los programas de estudios en el exterior o convenios educativos financiados por el Estado deben ver en el voto un requisito de elegibilidad; establecer tarifas diferenciadas o procesos expeditos para quienes demuestren su participación en los procesos electorales.
La diáspora dominicana es el pulmón económico del país, pero su peso político debe ser proporcional a su impacto financiero. No es coherente quejarse de la corrupción, de la falta de seguridad o del manejo de la economía si, al momento de elegir a quienes administran el Estado, decidimos quedarnos en casa.
La abstención del 2024 debe ser la última señal de alerta. Si no valoramos el derecho que tanto costó conseguir, corremos el riesgo de convertirnos en ciudadanos de segunda categoría por voluntad propia. Sin voto no debe haber beneficios, porque el compromiso con la Patria se demuestra en la urna, no solo en la remesa.
El autor es licenciado en Estudios Internacionales, Periodista, ex Diplomático y Catedrático.
