Por Mario Holguín
La Dirección del INTRANT ha propuesto al Ejecutivo de la República Dominicana una modificación a la Ley 63-17 que, entre otros puntos, contempla el empoderamiento de las alcaldías para fiscalizar y multar directamente a los usuarios de las vías públicas.
Consideramos que esta iniciativa constituye un desacierto mayúsculo y un retroceso en la búsqueda de un sistema de tránsito más justo, eficiente y humano.
En vez de delegar mayores facultades sancionadoras a los ayuntamientos, la prioridad impostergable debe centrarse en resolver los graves entuertos que ya aquejan al actual régimen de multas, tal como la multiplicidad de sanciones injustificadas, la opacidad en el destino y distribución de los recursos recaudados, y la urgente necesidad de dotar a la fiscalización de un verdadero sentido humano y de valor tecnológico que proteja al ciudadano en lugar de perseguirlo y agredirlo.
Resulta especialmente preocupante pretender transferir estas competencias a los ayuntamientos cuando estos enfrentan problemas operativos viscerales, de transparencia y organizativos de carácter estructural y crónico.
La realidad municipal dominicana revela una debilidad institucional profunda y generalizada que los inhabilita para asumir una responsabilidad de esta magnitud sin generar mayores riesgos para los ciudadanos.
La gran mayoría de los ayuntamientos carecen de sistemas modernos de gestión, de personal capacitado y de infraestructura tecnológica básica.
No cuentan con plataformas digitales integradas para el registro, control y seguimiento de multas, lo que genera duplicidades, errores y arbitrariedad. Sus procesos administrativos son obsoletos, manuales y propensos a la improvisación.
Los gobiernos locales siguen siendo uno de los eslabones más débiles en materia de rendición de cuentas.
Auditorías de la Cámara de Cuentas y denuncias revelan serias irregularidades en el manejo de recursos públicos, ausencia de mecanismos efectivos de control interno y una opacidad persistente en el uso de fondos.
La percepción ciudadana y los informes de organizaciones como Participación Ciudadana y Transparencia Internacional confirman que la corrupción administrativa sigue siendo un problema estructural en muchos municipios.
Numerosos alcaldes han denunciado públicamente la insuficiencia de recursos y la falta de autonomía real para cumplir con sus obligaciones básicas (pago de nómina, mantenimiento de servicios, inversión en infraestructura). En varios casos se ha documentado crisis financiera que ha llevado a la suspensión de servicios y al deterioro de la gestión municipal.
La cual se caracteriza por las prácticas sin límite del nepotismo, clientelismo y deficiencias organizativas.
No es un secreto la recurrencia de favoritismo político, designaciones sin mérito y una cultura organizativa que prioriza lealtades partidarias por encima de la eficiencia y la profesionalización.
Esto se traduce en baja productividad, ausencia de planificación estratégica y una incapacidad crónica para ejecutar proyectos con transparencia y resultados medibles.
Otorgarles poder para multar y recaudar sin antes haber resuelto estas deficiencias profundas equivaldría a multiplicar la arbitrariedad, la corrupción y la ineficiencia en lugar de combatirlas.
De no fortalecer la fiscalización vial, se estaría creando un nuevo foco de abusos y de incentivos perversos donde la recaudación podría primar sobre la seguridad y el orden.
Por tanto, exhortamos al Ejecutivo y a los legisladores a rechazar esta propuesta y a concentrar los esfuerzos en una reforma integral que priorice la modernización tecnológica a nivel nacional, la transparencia total en el uso de los recursos y una fiscalización realmente efectiva y respetuosa con los derechos de los ciudadanos.
Solo después de sanear el sistema actual y de fortalecer institucionalmente a los ayuntamientos podrá discutirse cualquier ampliación de competencias a nivel municipal.
