Por LUIS CASTILLO
En la República Dominicana se ha vuelto costumbre que, cada vez que asoma una crisis —económica, climática o social—, se convoquen mesas de diálogo entre los mismos actores de siempre: gobierno, partidos políticos, empresarios y representantes de la llamada sociedad civil organizada.
Recientemente, figuras como el presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y el expresidente Leonel Fernández han coincidido en la necesidad de consenso ante los desafíos actuales. Sin embargo, hay una ausencia que resulta cada vez más evidente y preocupante: la diáspora dominicana.
No es un detalle menor. Es, en realidad, una omisión estructural.
Durante la pandemia del COVID-19, cuando la economía nacional enfrentaba uno de sus momentos más delicados, no fueron únicamente las políticas públicas las que evitaron un colapso mayor. Fue la diáspora dominicana la que sostuvo a miles de hogares mediante el envío masivo de remesas. Según datos del Banco Central, estas superaron los 10,000 millones de dólares en 2021, una cifra histórica.
Y el patrón se mantiene. En lo que va de año, miles de millones de dólares siguen entrando al país gracias al sacrificio de dominicanos que viven en el exterior. Ese flujo no solo sostiene familias; también estabiliza el consumo, dinamiza la economía y actúa como un verdadero amortiguador social frente a cualquier crisis.
Sin embargo, cuando se diseñan estrategias nacionales o se discuten soluciones estructurales, la diáspora no está en la mesa.
Esto plantea una pregunta inevitable:
¿cómo es posible que el sector que más contribuye en los momentos críticos sea sistemáticamente excluido de los espacios de toma de decisiones?
La respuesta apunta a una debilidad histórica del Estado dominicano: la ausencia de un verdadero plan de nación. Lo que existe, en muchos casos, son planes de gobierno o de partido, sujetos a intereses coyunturales y a cálculos políticos de corto plazo.
Esa falta de planificación se refleja no solo en la gestión de crisis económicas, sino también en la prevención de desastres naturales. Año tras año, el país enfrenta temporadas ciclónicas sin una estrategia integral que minimice los daños. Lo mismo ocurre con las crisis fiscales o sociales: se reacciona, pero no se previene.
Los encuentros y diálogos nacionales, lejos de ser ejercicios profundos de planificación estratégica, muchas veces terminan funcionando como mecanismos para calmar la opinión pública, sin abordar las raíces del problema.
Y en ese escenario, la diáspora sigue siendo tratada como una fuente de recursos, pero no como un actor estratégico.
Es momento de corregir esa distorsión.
La diáspora dominicana no puede seguir siendo reconocida únicamente por el volumen de sus remesas. Debe ser integrada formalmente en los espacios de diálogo, planificación y toma de decisiones. Su experiencia internacional, su capacidad económica y su compromiso con el país la convierten en un aliado imprescindible para construir soluciones sostenibles.
Excluirla no solo es injusto; es, sobre todo, un error estratégico.
Si la República Dominicana aspira a enfrentar con éxito las crisis del presente y del futuro, necesita algo más que consensos entre los mismos de siempre. Necesita un verdadero plan de nación, inclusivo, transparente y con visión de largo plazo.
Y en ese plan, la diáspora no puede seguir siendo la gran ausente.
