Por Mario Holguín
La tragedia vial que vive República Dominicana representa un punto de inflexión vital en el trayecto de miles de familias.
Sabemos cuándo salimos a la calle, pero lamentablemente no sabemos si regresaremos.
Esa incertidumbre constante, provocada por la alta frecuencia de incidentes de tránsito, ha convertido nuestras vías en un delgado filo entre la vida y la muerte.
A pesar de los esfuerzos y operativos anunciados, las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema debido a la gran cantidad de subregistros que persisten en el país.
Las motocicletas siguen concentrando la mayor parte de las fatalidades, tanto el error humano, el exceso de velocidad, la distracciones con el celular, el alcohol al volante y falta de respeto a las señales, continúa siendo el principal responsable.
Para transformar esta dolorosa realidad no bastan anuncios ni operativos temporales.
Se requiere la aplicación integral y permanente de todas las medidas necesarias que tomen en cuenta la educación vial desde las escuelas y las academias de conductores, la fiscalización tecnológica y diaria, las mejoras reales en infraestructura y señalización, control estricto de vehículos y un cambio profundo en nuestra cultura vial.
La nueva licencia de conducir, con mayor presencia en las provincias y “burocracia cero”, es un paso positivo, pero solo tendrá sentido si va acompañada de exámenes serios, renovación periódica y sanciones efectivas. Además, las leyes nunca pueden ser estáticas.
Los tiempos cambian, especialmente por el avance de las tecnologías exigen una actualización constante de la Ley 63-17.
El Estado debe crear mecanismos permanentes de revisión y adaptación, incorporando datos confiables del Observatorio de Seguridad Vial y las mejores prácticas internacionales, corrigiendo de una vez el problema del subregistro para tener un diagnóstico real.
Desde la Fuerza del Pueblo seguiremos exigiendo y proponiendo una política de Estado en materia de seguridad vial, sin pausas, sin excepciones y con verdadera voluntad política.
Porque cada vida perdida en las carreteras es una deuda pendiente con el pueblo dominicano.
Es hora de pasar de la incertidumbre a la certeza de que salir a la calle no sea un acto de riesgo, sino un derecho ejercido con responsabilidad colectiva liderado por el gobierno.
Por eso, si la segurdad vial fracasa, fracasa el gobierno.
