Santo Domingo. – El diputado Rafael Castillo denunció durante una entrevista en el programa Rumba de la Mañana presuntas irregularidades en la gestión presupuestaria y el manejo de los desechos sólidos en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), señalando un aumento desproporcionado del gasto y una deficiente ejecución de obras prioritarias.
Según explicó Castillo, el presupuesto municipal para el año 2025 fue aprobado con un incremento del 59.75 % respecto al de 2023, pasando a rondar los 3,700 millones de pesos, a pesar de que las recaudaciones en el primer semestre apenas alcanzaron 104 millones, de los 470 millones proyectados en arbitrios.
“El municipio que más crece en construcción es Santo Domingo Este, sin embargo, en recaudación por licencias y planos, apenas se lograron 42 millones de pesos de los 180 millones presupuestados”, destacó el legislador.
Castillo calificó como preocupante la falta de inversión en obras esenciales, señalando que de los 125 millones de pesos destinados a la construcción y limpieza de filtrantes, no se ha ejecutado un solo peso, mientras que se han destinado más de 24 millones de pesos en campañas publicitarias y promoción de la “marca ciudad”.
En el ámbito técnico, el diputado denunció además que la administración municipal adquirió contenedores de basura (“cajas”) por 180 millones de pesos, y posteriormente solicitó nuevas compras sin claridad sobre montos ni cantidades aprobadas por la Sala Capitular.
Asimismo, afirmó que el Ayuntamiento ha vuelto a reutilizar un vertedero clausurado por decreto y resolución del Ministerio de Medio Ambiente, ubicado en Cancino adentro, Santo Domingo Este, lo que estaría provocando vertidos contaminantes al río Ozama, en violación de las normativas ambientales vigentes.
“Los lixiviados de ese vertedero están cayendo directamente al río Ozama. Es una situación grave que compromete la salud pública y el medio ambiente”, advirtió Castillo.
El legislador exhortó a las autoridades de control y fiscalización, así como al Ministerio de Medio Ambiente, a investigar las irregularidades denunciadas y tomar medidas correctivas para evitar un daño mayor a la población y a los recursos naturales del municipio.
