SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El acelerado crecimiento de las motocicletas eléctricas en el país, especialmente en los servicios de delivery y el motoconcho urbano, ha encendido las alarmas sobre un grave vacío legal en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que podría derivar en una nueva crisis de seguridad vial.
De acuerdo con datos oficiales, el parque vehicular híbrido y eléctrico pasó de cifras marginales en 2020 a más de 32,700 unidades circulando en 2025, con un incremento del 54.7 % en las importaciones de vehículos híbridos, valoradas en USD 46.6 millones. Aunque los vehículos eléctricos puros han registrado una leve caída, las motocicletas eléctricas se han multiplicado de forma acelerada en las principales ciudades del país.
Este avance tecnológico, clave para la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes, se ha convertido en un riesgo inminente para la seguridad vial, debido a que la legislación vigente no contempla regulaciones específicas para la electromovilidad.
La Ley 63-17 no define categorías claras para motocicletas eléctricas, scooters ni vehículos de movilidad personal, ni establece límites de velocidad diferenciados, normas de certificación de baterías contra incendios, carriles exclusivos, ni prohibiciones claras sobre el uso de aceras y espacios peatonales.
Especialistas advierten que esta omisión podría repetir el escenario vivido a partir del año 2001 con la expansión descontrolada de las motocicletas de combustión, hoy consideradas uno de los principales factores de caos vial y siniestralidad en la República Dominicana.
Actualmente, las motocicletas eléctricas están siendo reguladas bajo las mismas normas que las de combustión interna, ignorando sus características técnicas particulares, como aceleración silenciosa, menor visibilidad sonora y mayor circulación en zonas peatonales, factores que incrementan el riesgo de accidentes en vías congestionadas.
Mientras tanto, las autoridades continúan realizando anuncios puntuales sin implementar acciones estructurales que enfrenten el problema de fondo, en un contexto donde la siniestralidad vial cobra miles de vidas cada año.
Desde la Secretaría de Seguridad Vial del partido Fuerza del Pueblo, se advierte que este vacío legislativo podría generar un caos vial silencioso pero acelerado entre 2026 y 2030, en contradicción con los planes oficiales de reducción de víctimas por accidentes de tránsito.
La entidad considera urgente una reforma integral de la Ley 63-17, que incorpore regulaciones específicas sobre electromovilidad, priorizando la seguridad ciudadana por encima de importaciones descontroladas y soluciones improvisadas.
