Por William Perdomo
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), el oficialista en República Dominicana, ha enlistado a algunos diputados con casos judiciales pendientes por presunta corrupción, lavado de activos y narcotráfico como candidatos al Congreso Nacional en las próximas elecciones del 19 de mayo.
Esto ha causado gran indignación en varios sectores de la sociedad, quienes consideran que el PRM, bajo el liderazgo de su presidente José Ignacio Paliza, está actuando con doble moral al permitir que estos legisladores formen parte de su boleta electoral, cuando el partido se autodefine como abanderado de la lucha anticorrupción.
Muchos cuestionan la responsabilidad de Paliza al tener a estos candidatos controversiales en las filas del PRM
La lista de candidatos cuestionados está compuesta por tres diputados: Sergio Moya de la Cruz (Gory), Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero (Grey), quienes son objeto de investigación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por diversos casos.
Según el Ministerio Público (MP), Moya está vinculado al caso de corrupción conocido como «Operación Calamar», donde se investiga un entramado de corrupción que involucra a funcionarios públicos en la expropiación de terrenos y mafias en juegos de azar, por más de 19 mil millones de pesos.
Los testigos declaran que Moya era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, deportivas y máquinas tragamonedas.
También, el empresario canadiense Antonio Carbone presentó la semana pasada una denuncia pública en contra de Moya, a través de un acta de alguacil dirigida al Presidente de la República, Luis Abinader; a la Procuradora General, Miriam Germán Brito; y al Procurador General de la Corte de Apelación, José del Carmen Sepúlveda, entre otras altas autoridades judiciales del país.
En su denuncia, Carbone acusa al diputado y a un grupo de 123 políticos, funcionarios y empresarios dominicanos de despojarle de más de $580 millones de dólares en activos, a través de supuestas artimañas legales y judiciales.
De acuerdo con la acusación de Carbone, el diputado del PRM habría liderado esta presunta trama corrupta que, desde 2013, se habría apoderado de forma ilegal de 13 casinos, 198 bancas deportivas, 1,397 bancas de lotería, 108 vehículos de lujo y otros bienes inmuebles que, supuestamente, le pertenecían.
Por su parte, Marmolejos es investigado por el MP desde 2021 por su presunta vinculación en el caso de lavado de activos y narcotráfico denominado «Operación Falcón». Según las autoridades, el legislador habría recibido fondos para su campaña provenientes de Erick Randhiel Mosquea Polanco, alias «El Hombre», señalado como cabecilla de la red de narcotráfico.
En el caso de Guerrero, también está siendo investigada por el MP en el marco de la «Operación Falcón», ya que su esposo, Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna, fue apresado durante la operación por acusaciones de lavar cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva que traficaba drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico.
A pesar de estas acusaciones, los legisladores han sido inscritos como candidatos por el PRM ante la Junta Central Electoral (JCE).
Algunos miembros oficialistas aseguran que legalmente los diputados señalados por el MP no tienen impedimento constitucional para participar en los comicios.
Este escándalo ha generado gran cuestionamiento sobre la supuesta lucha anticorrupción del PRM y la transparencia del proceso electoral dominicano.
