Santo Domingo, 16 de noviembre de 2026. — La Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIALFP) emitió este domingo 15 de noviembre el que presentó como el primer Manifiesto Nacional por la Movilidad Segura realizado por un partido político en la República Dominicana, en el marco de la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito y sus Familiares.
La actividad se desarrolló durante un encuentro nacional de dirigentes de la Secretaría, celebrado en la Casa Orgánica de la Fuerza del Pueblo, bajo la coordinación del ingeniero Mario Holguín, titular de SESVIALFP. La lectura oficial del manifiesto estuvo a cargo del vicesecretario Abraham Hernández, quien dio a conocer el pronunciamiento institucional de solidaridad con las víctimas y sus familias, así como el compromiso de promover una transformación de las políticas públicas de movilidad segura.
Un compromiso con la vida y las políticas públicas
La emisión del documento constituye una iniciativa política e institucional mediante la cual la organización procura incorporar de manera permanente la seguridad vial a la agenda nacional, reconociendo que las muertes y lesiones graves ocasionadas por los siniestros de tránsito representan una tragedia humana, social y económica que afecta el bienestar de miles de familias dominicanas.
El manifiesto adquiere especial significado por coincidir con el Mes de la Familia en la República Dominicana, circunstancia que permitió destacar las consecuencias de la pérdida de vidas humanas, la discapacidad, la desintegración de hogares y las dificultades económicas que enfrentan quienes sobreviven a estas tragedias.
Durante el encuentro, la Secretaría reafirmó su posición de que la movilidad segura debe ser reconocida como un derecho ciudadano y una responsabilidad indelegable del Estado, cuya garantía requiere voluntad política, coordinación institucional, financiamiento sostenible y participación de la sociedad.
Hacia un sistema nacional de prevención
En ese contexto, Holguín reiteró la necesidad de superar el enfoque tradicional centrado fundamentalmente en administrar el tránsito y responder a las emergencias, para avanzar hacia un sistema nacional capaz de prevenir riesgos, proteger vidas y evaluar los resultados de las inversiones públicas.
La propuesta institucional plantea que la eficacia gubernamental en materia vial no debe medirse exclusivamente por las carreteras construidas, los operativos realizados, las multas impuestas o los recursos recaudados, sino también por la reducción comprobable de fallecidos y lesionados graves.
Asimismo, SESVIALFP considera indispensable impulsar una transformación estructural de la gestión pública de la movilidad, con mayor articulación entre las instituciones responsables, mecanismos transparentes de financiamiento y sistemas de información que permitan conocer la verdadera dimensión de la siniestralidad vial.
Jornada nacional en las provincias
La jornada nacional estuvo acompañada por actividades territoriales desarrolladas en Santiago y Pedernales. En Santiago, el vicesecretario Arístides Heredia organizó una actividad conmemorativa orientada a promover la reflexión sobre la seguridad vial, mientras que en Pedernales los vicesecretarios Ramón Sócrates Mancebo y Carlos Modesto coordinaron una jornada de concienciación en las calles, mediante la exhibición de mensajes alusivos a la educación vial y la prevención de siniestros.
Estas iniciativas formaron parte del esfuerzo de la Secretaría por extender el mensaje de solidaridad y prevención a diferentes comunidades del territorio nacional, involucrando a sus dirigentes en actividades de sensibilización ciudadana.
Desde su perspectiva política, SESVIALFP sostiene que la persistencia de la mortalidad vial exige revisar las prioridades del Estado dominicano y establecer compromisos verificables que trasciendan los anuncios oficiales y las intervenciones aisladas.
En consecuencia, la organización exhortó al Gobierno a fortalecer la planificación preventiva, mejorar las condiciones de seguridad de las carreteras, garantizar la fiscalización efectiva y orientar mayores recursos hacia programas que produzcan resultados medibles en vidas protegidas.





