Por Jhonny Trinidad
La publicidad oficial es la forma más sofisticada y más cínica de corrupción en la democracia dominicana. No es comunicación. Es soborno legalizado. Es extorsión institucionalizada. Y debe ser prohibida por ley, sin matices, sin excepciones cosméticas, sin eufemismos.
Desde hace décadas nos han vendido el mismo cuento: que el gobierno necesita publicitarse para «informar al ciudadano». Es la mentira fundacional sobre la que se sostiene todo un sistema de complicidades. Cada año, miles de millones de pesos del dinero del pueblo se destinan a comprar silencios, a fabricar aplausos y a sostener un ecosistema mediático parásito que vive del Estado y no de su audiencia.
El ciudadano no necesita un spot de 30 segundos en prime time, con música épica y voz en off, para saber que se inauguró una carretera que ya transita y por la que ya pagó peaje. No necesita vallas kilométricas con la cara sonriente del funcionario de turno para saber que hay jornada de vacunación, cuando eso lo puede y lo debe comunicar el Ministerio de Salud en sus canales institucionales, en las escuelas, en los hospitales, en las juntas de vecinos. Lo que necesita el gobierno no es informar. Necesita legitimarse. Necesita tapar el ruido ensordecedor de su incompetencia, de su ineficiencia y de su corrupción con una sinfonía pagada con nuestro propio dinero.
CÓMO SE COMPRA UNA PRENSA
La publicidad gubernamental destruye la prensa libre en su raíz, en su esencia, en su razón de ser. Es un mecanismo perverso de tres pasos que todos conocemos pero pocos se atreven a denunciar.
Primero, el gobierno concentra el presupuesto publicitario en Presidencia y lo reparte con criterio político, no técnico. No se mide audiencia, impacto ni pertinencia. Se mide lealtad.
Segundo, el medio entiende el mensaje. Si critica, se queda sin anuncio. Si investiga, se queda sin anuncio. Si es incómodo, se queda sin anuncio. El resultado es inmediato: la autocensura. El director llama al periodista y le dice «bájale dos». El periodista aprende que para sobrevivir hay que ser manso.
Tercero, se cierra el círculo. El medio domesticado publica publirreportajes disfrazados de noticias, entrevistas complacientes disfrazadas de periodismo, y portadas celebratorias que parecen boletines de prensa. Hemos creado, con dinero público, una prensa que ladra ferozmente al opositor y ronronea dócilmente al poder. Eso no es prensa. Es prostitución informativa financiada por el contribuyente más humilde, por el motoconchista que paga impuestos en la gasolina, por la madre soltera que paga ITBIS en la leche.
¿Cómo puede un periodista investigar a fondo al ministro que le paga la nómina a su medio? No puede. ¿Cómo puede un director de periódico titular contra la corrupción cuando el 70% de su facturación viene de Presidencia, de Obras Públicas, del Banco de Reservas, de Edesur? No puede. Y no lo hace. Y cuando no lo hace, la democracia muere un poco cada día.
EL FALSO DILEMA DEL INTERÉS PÚBLICO
Se nos dirá, con voz de tecnócrata preocupado, que hay que informar sobre políticas públicas. Que la gente necesita saber. Falso dilema. Una trampa retórica para justificar lo injustificable.
Para eso existe la Ley de Acceso a la Información, los portales institucionales que pagamos con millones, las redes sociales oficiales que tienen millones de seguidores, las conferencias de prensa semanales, los boletines gratuitos, las cadenas de radio y televisión del propio Estado —CERTV, Radio Educativa— que ya pagamos y que están subutilizadas precisamente porque es más rentable pagarle al amigo.
Si una campaña es verdaderamente de interés público y de emergencia nacional —una alerta sanitaria por dengue, la trayectoria de un huracán, una campaña de alfabetización, un plan de evacuación— el Estado tiene todos los mecanismos gratuitos, obligatorios y mucho más efectivos para difundirla, y los medios privados, por deber social, por ética y por noticia, la replicarán sin cobrar un centavo. Ningún medio serio se negaría a difundir gratis una alerta de tsunami. Lo que no es de interés público, lo que nunca será de interés público, es que el presidente salga bonito, con camisa blanca remangada, diciendo «estamos trabajando» mientras un locutor dice «esto es cambio».
La información pública no se vende. Se garantiza. La propaganda gubernamental no informa. Se impone.
LIBERAR AL PERIODISTA DEL CHANTAJE ECONÓMICO
Prohibir por ley la publicidad oficial no es atentar contra la libertad de expresión. Es, precisamente, la única manera de salvarla en República Dominicana. Es el acto más profundo de amor por el periodismo que podemos hacer.
Es liberar al periodista del chantaje del cheque mensual. Es liberar al dueño de medio de la visita humillante al Palacio a buscar su «ayuda». Es obligar al medio a volver a su lector, a su audiencia, a su comunidad, y no al ministro de turno. A competir por credibilidad, no por contratos. A vivir de su público, no de sus verdugos.
Un medio que solo sobrevive por publicidad estatal no es un medio de comunicación. Es una dependencia del gobierno. Es una nómina paralela. Es una oficina de propaganda. Y debe quebrar, si esa es su única forma de existir, para que nazca otro que sí sirva a la gente.
UNA LEY SIMPLE, CONTUNDENTE Y SIN TRAMPAS
No necesitamos otra regulación a medias. No necesitamos otro reglamento que ponga topes o porcentajes que luego se violan. Necesitamos una prohibición.
La ley debe ser simple, contundente y sin trampas: Se prohíbe con cargo al Presupuesto General del Estado, a cualquier institución centralizada, descentralizada, autónoma, municipal, empresa pública o fideicomiso público, la contratación, por sí o por terceros, de publicidad, propaganda, promoción de imagen personal o institucional, publirreportajes, patrocinios, o cualquier erogación destinada a difundir la gestión gubernamental, sus obras o sus logros en medios de comunicación privados, digitales, impresos, radiales, televisivos, vallas o redes sociales.
Cero pesos. Cero centavos. Prohibición absoluta. Sanción penal para el funcionario que la viole y para el medio que la reciba.
El que quiera hacer propaganda política que la pague con el dinero de su partido, de su patrimonio, de sus simpatizantes. No con el dinero de todos. El que quiera informar que informe, pero sin comprarnos los ojos.
Solo cuando cerremos, con candado y por ley, esa llave de corrupción, de chantaje y de degradación moral, se abrirá la puerta de una prensa verdaderamente libre, de una ciudadanía verdaderamente informada y de un gobierno verdaderamente evaluado por sus hechos, no por sus anuncios.
