Por ROLANDO ROBLES
Sabemos que el asunto no está claro, sobre todo para quienes no conocen los detalles íntimos de esta extraña transacción entre una institución descentralizada del Estado dominicano y una empresa organizadora de eventos y espectáculos públicos, propiedad de un prominente miembro de la comunidad dominicana residente en el exterior.
La institución es la Junta Central Electoral (JCE) y la empresa es Latin Events LLC, dirigida por el reconocido promotor Félix Cabrera.
Ambos firmaron contratos previos para promocionar actividades de interés para la comunidad dominicana en EE.UU., como el proceso de cedulación y la celebración de partidos de béisbol profesional entre equipos tradicionales dominicanos en estadios de Grandes Ligas de Nueva York.
EL ORIGEN DEL PROYECTO
Por la promoción de esos eventos supimos que al menos tres personalidades estuvieron vinculadas al montaje inicial de los juegos dominicanos en NYC: el entonces cónsul Eligio Jáquez, el doctor Rafael Lantigua y Raysa Rodríguez.
Luego, por razones imprecisas, los tres se desconectaron de los preparativos. Lo mismo ocurrió con funcionarios de la Liga de Béisbol Dominicana (LIDOM) y de la oficina del Comisionado de Béisbol Profesional, aunque miembros de la comunidad dominicana en Nueva York sostienen que los motivos de estos últimos eran muy diferentes a los de las tres personalidades citadas.
Con ese escenario inicial, y luego de varios meses de litigio en tribunales de EE.UU. y RD, se produjo la condena a la JCE al pago de una suma millonaria a favor del demandante Félix Cabrera. De todo esto nos hemos enterado por la prensa, debido a que la JCE no solo guardó silencio sobre el tema, sino que tampoco compareció para responder en justicia a las demandas de Cabrera.
UN FALLO QUE CUESTA AL ESTADO
Aquí es donde, como dice el refranero, se empieza a sentir «que hay gato entre macuto». Se percibe un tufillo a irregularidad en perjuicio del pueblo dominicano, ya que el Estado resultaría perjudicado con cerca de un millón y medio de dólares.
Y no es una cifra exagerada. Es muy posible que a ese monto se sumen los gastos legales de los abogados demandantes y posibles intereses por mora si la JCE se retrasa en admitir la condena y pagar la suma consignada en la sentencia.
Como aquí es donde «la puerca retuerce el rabo» —porque hablamos de cerca de 100 millones de pesos que saldrían de los bolsillos de los dominicanos— decidimos indagar, consultando a prestantes miembros de la comunidad en Nueva York.
LO QUE DICEN LOS PROTAGONISTAS
El doctor Rafael Lantigua nos aseguró que, en efecto, él, junto a Eligio Jáquez y Raysa Rodríguez, registraron Sports Dreams Foundation DR-USA, una organización sin fines de lucro para promover los juegos de béisbol dominicano en EE.UU.
Luego presentaron la idea a la concejal Carmen De La Rosa y al congresista Adriano Espaillat, quien recomendó a Félix Cabrera para organizar la parte artística complementaria de los juegos. Cabrera buscó el apoyo económico de un señor de apellido Zamora, que invirtió unos 250 mil dólares en el proyecto.
Tanto De La Rosa como Espaillat estaban impedidos de formar parte del equipo organizador por su condición de funcionarios electos de NYC. Así, el comité organizador quedó integrado inicialmente solo por el cónsul Jáquez, el doctor Lantigua, la directora ejecutiva Raysa Rodríguez y Félix Cabrera.
Sin embargo, según Lantigua, Cabrera sacó del equipo a Jáquez y a Rodríguez y organizó los partidos pactados con los Mets de Nueva York, ya que el acuerdo con los Yankees fracasó porque los Bombarderos del Bronx «no hacen negocios con Cabrera». No se pudo confirmar con certeza las razones de esa supuesta predisposición.
El doctor Lantigua dice que permaneció junto a Cabrera porque entendía que era una garantía para que se cumpliera con los compromisos económicos contraídos por Rodríguez, quien asegura haber gastado 104,411.32 dólares en pasajes, hotel y estadía de los jugadores y ejecutivos de Licey y Águilas que participaron en la Serie Los Titanes.
La serie fue un éxito de público y, según estimaciones preliminares, habría dejado beneficios por encima de los 6 millones de dólares, pero —siempre según Lantigua— hasta hoy Raysa Rodríguez no habría recibido reembolso de manos de Félix Cabrera, a pesar de los esfuerzos del doctor para que pague.
Conversamos luego con el excónsul Eligio Jáquez, quien ratificó lo dicho por Lantigua y agregó que se sintió burlado por Cabrera, quien —a su juicio— se habría apropiado de una idea surgida en el Consulado de Nueva York y del esfuerzo del Gobierno para montar unos juegos que buscaban satisfacer la nostalgia de los dominicanos residentes en EE.UU.
REACCIONES EN LA COMUNIDAD
El profesor Marino Mejía planteó la necesidad de que el Gobierno de Abinader llegue hasta las últimas consecuencias en lo que califica como una estafa en la que habrían incurrido funcionarios de la JCE y el organizador de los juegos de exhibición, que —ironiza— «han resultado más caros que la propia Serie Mundial».
Ángel L. Ramírez, trabajador dominicano residente en Brooklyn, afirmó que esta es la burla más grande que se le ha hecho al presidente Abinader, que debe detener de inmediato lo que considera un atraco al Estado y disponer una investigación judicial para sancionar a los responsables si resultaren culpables.
Domingo Grullón «El Muñecón», carismático disc jockey de la radio hispana de NY, sostuvo que la única forma del Gobierno quedar bien con los dominicanos del exterior es cancelando y sometiendo a la justicia a los responsables de lo que llama una vergüenza.
Es difícil que Cabrera pueda organizar algún partido de béisbol en el futuro, ya que —según los protagonistas— ni los ejecutivos de equipos ni la LIDOM estarían dispuestos a hacer negocios con él. Pero esto no está escrito en piedra: si hay beneficios, los mercaderes siempre estarán dispuestos a pactar.
LA PREGUNTA DE FONDO
En este punto de la historia sobre los juegos, la JCE y Félix Cabrera, la pregunta es por qué se llegó a ese abrupto acuerdo de pagar más de un millón de dólares del dinero del pueblo dominicano cuando no se hizo esfuerzo alguno por defenderse en los tribunales de EE.UU. y RD.
La forma como se ha comportado la JCE en la solución de este caso solo sugiere —para los denunciantes— la existencia de un arreglo para perjudicar al Estado dominicano, y reclaman que el presidente Luis Abinader actúe como lo ha hecho con otros funcionarios que han traicionado su confianza.
Eso habrá que explicarlo, porque no se trata de dinero personal del presidente de la JCE sino de las arcas del Estado. Nadie puede justificar ni tiene derecho a entregar graciosamente los bienes del Estado a terceros, a menos que, como dice el titular de este trabajo, todo sea «un vulgar acuerdo entre corsarios».
¡Vivimos, seguiremos disparando!
