SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, hallados culpables de integrar una red de corrupción que operó en instituciones militares y de seguridad durante los gobiernos de Danilo Medina.
El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por Tania Yunes y Jissel Naranjo, también ordenó el pago de RD$5,000 millones al Estado como reparación por los daños causados.
Cáceres Silvestre y Torres Robiou fueron declarados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado, delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
Núñez de Aza recibió la misma pena de 20 años por asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
15 años para la pastora Rossy Guzmán
El tribunal condenó a 15 años de prisión a la pastora Rossy Guzmán Sánchez. Además le impuso una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público por incremento patrimonial ilícito y participación en el entramado de corrupción.
La sentencia comenzó a leerse a las 2:22 de la madrugada de este martes, tras más de 11 horas de lectura iniciada el lunes a las 3:00 de la tarde. El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales.
Desvío desde CUSEP y CESTUR
Según las juezas, los delitos se cometieron mientras Cáceres Silvestre dirigía el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y Torres Robiou el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Desde esas instituciones desviaron recursos públicos y beneficiaron de forma ilícita a miembros de la estructura.
El tribunal también impuso condenas a otros acusados vinculados a la red desmantelada en la Operación Coral, considerada uno de los mayores casos de presunto desfalco al patrimonio estatal en la historia reciente.
Caso Coral
La investigación inició en abril de 2021 con la Operación Coral y luego se amplió con Coral 5G y otros procesos. El Ministerio Público señaló que la red usaba nóminas irregulares, apropiación de fondos de alimentación y pagos indebidos para acumular un patrimonio millonario que no se justificaba con ingresos legales.
Con esta sentencia, la justicia dominicana emite una de las condenas más severas contra altos oficiales por corrupción administrativa, marcando un precedente en la persecución de delitos cometidos desde funciones públicas.
El expresidente Danilo Medina no fue llamado a declarar en el proceso.





