SANTO DOMINGO.– Directores regionales, departamentales y exviceministros desvinculados del Ministerio de Agricultura denunciaron que la actual gestión se niega a cumplir con el pago de una deuda superior a RD$130 millones, correspondiente a un programa de financiamiento vehicular aprobado durante la pasada administración.
De acuerdo con los denunciantes, más de 150 vehículos utilitarios fueron entregados a directores regionales, encargados de zonas agrícolas y funcionarios departamentales de las ocho regionales agropecuarias del país, mediante acuerdos de financiamiento gestionados a través del Banco de Reservas y el dealer vegano Blady Beato.
El esquema establecía que cada beneficiario aportara un 10 % del valor del vehículo, mientras que el restante sería cubierto mediante pagos mensuales asumidos por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, tras el cambio de autoridades, el ministro entrante habría instruido excluir del compromiso tanto a los funcionarios desvinculados —que ya superan los 30— como a otros que aún permanecen en nómina.
Un documento de prensa remitido por el exdirector de Comunicaciones de la institución, el periodista Erick Montilla, advierte que la medida ha dejado en una situación crítica a dirigentes y técnicos vinculados al PRM, quienes enfrentan deudas mensuales que alcanzan hasta RD$90,000, sin contar con ingresos ni respaldo institucional.
Los afectados alertan que, de no asumir ellos el pago total, los vehículos serían incautados, perdiendo no solo el inicial entregado —que en algunos casos supera el millón de pesos— sino también las cuotas ya abonadas por el Estado, lo que representa una suma millonaria pagada al sistema financiero.
Entre los exfuncionarios afectados figuran Eulalalio Ramírez, presidente del Frente Agropecuario del PRM; los directores regionales Rafael Soto Kilo (Sur Central), Juan Mateo (Suroeste), Gregorio Magno (Sur), Pedro Trinidad (Norte), Berny Rodríguez (Noroeste) y Frank Ventura (Nordeste), entre otros.
El grupo anunció que en los próximos días depositará una misiva ante el Ministerio de Administración Pública (MAP), solicitando su intervención e investigación, al tiempo que denuncian que las desvinculaciones se han realizado sin resoluciones formales, sin cartas de despido y sin el pago de prestaciones laborales, lo que consideran una grave irregularidad administrativa.
Asimismo, informaron que, a través de sus abogados, procederán a citar judicialmente al ministro Oliverio Espaillat, exigiendo que se respete el principio de continuidad del Estado y se honren los compromisos asumidos por la pasada gestión.
Finalmente, los desvinculados hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro administrativo de la Presidencia Andrés Bautista, para que intervengan y detengan lo que califican como abusos y atropellos contra dirigentes y técnicos del sector agropecuario.
