Por Mario Holguín
En el Plan de Acción Global para la Seguridad Vial que lidera la Organización de las Naciones Unidas para el decenio vigente que concluirá en el 2030, un tema clave para el éxito de su objetivo fundamental, es disminuir las muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito. Como pilar ONU plantea para la mejora sustancialmente del tema la atención oportuna a las víctimas.
El Consejo Nacional de Salud en República Dominicana, al violentarse la Ley de Salud en este tema específico, emite cada año una resolución danto autoridad a SeNaSa para su cumplimiento con determinado monto.
Razón por la cual me obliga a referirme al tema del caso judicial denominado COBRA.
Actualmente, cuando funcionarios implantan sistemas corruptos para enriquecerse con fondos públicos, el líder del gobierno debe dar un golpe de timón urgente para renovar su gestión y recuperar la confianza ciudadana que se precipita vertiginosamente sin duda, contraviniendo los objetivos de la Segunda Década para la Seguridad Vial Global.
El escándalo reciente en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ilustra perfectamente esta realidad.
En diciembre de 2025, por denuncias del partido Fuerza del Pueblo, el Ministerio Público desmanteló una red liderada por su director Santiago Hazim, quien habría recibido sobornos millonarios a cambio de contratos ficticios, incluyendo pagos por servicios a personas fallecidas y extranjeras.
El fraude supera miles de millones de pesos, afectando directamente a más de 7 millones de afiliados vulnerables, por lo que se califica de crimen de Lesa Humanidad.
Políticamente, este caso cuestiona el discurso de «cambio» del PRM.
Procesar a los implicados es necesario, pero insuficiente, porque se requiere una reforma radical con mayor transparencia, auditorías independientes y protección real de los recursos públicos.
Esta situación recuerda un episodio de “El Lazarillo de Tormes”, en el capítulo del buldero, cuando un vendedor de indulgencias monta un engaño teatral con un alguacil para vender bulas falsas, enriqueciendo a la autoridad eclesiástica a costa de los pobres e ingenuos.
Tanto el buldero del siglo XVI como los funcionarios de SeNaSa abusaron de su posición para defraudar mediante contratos ficticios, perjudicando a los más débiles.
La moraleja del Lazarillo, vigente hoy en República Dominicana, es que en una sociedad donde la corrupción es sistémica, la astucia individual permite sobrevivir, pero solo una reforma profunda de las estructuras de poder puede romper el ciclo de injusticia.
Sin ese golpe de timón, la historia se repetirá continuamente.
Mario Holguín / Titular Secretaría de Seguridad Vial Fuerza del Pueblo
