Santo Domingo.– El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis implicados en el denominado caso Senasa, una investigación por presunta corrupción administrativa y delitos graves contra el Estado dominicano.
El magistrado dispuso que Santiago Hazim cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, al considerar que existen elementos suficientes que justifican la prisión preventiva como la medida más idónea para garantizar el proceso judicial.
Junto a Hazim, el tribunal también ordenó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
En tanto, el juez acogió parcialmente el pedimento del Ministerio Público y dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
El Ministerio Público, a través de fiscales de la Dirección General de Persecución y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), había solicitado prisión preventiva para siete de los diez imputados, así como la declaratoria de complejidad del caso, petición que fue respaldada por el tribunal.
La acusación fue presentada por los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes alegan la existencia de una estructura organizada para cometer actos ilícitos en perjuicio del Estado.
Entre los delitos que se imputan a los encartados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Por su parte, los abogados de la defensa solicitaron al tribunal rechazar la prisión preventiva y aplicar medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y garantías económicas, solicitudes que fueron rechazadas en su mayoría por el juez.
El caso Senasa se suma a los procesos de alto perfil impulsados por el Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa, marcando un nuevo capítulo en la judicialización de exfuncionarios vinculados al manejo de fondos públicos.
