SAN JUAN.- El presidente del Comité Dominicano en Puerto Rico, José Rodríguez, adelantó que recopila información en vías de presentar una demanda de clase contra las agencias federales, que, en su opinión, han actuado contrario a la ley durante las redadas contra personas con estatus migratorio no definido.
Rodríguez destacó que la misión inicial bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump era capturar a las personas que fueran “delincuentes y prófugos de la justicia, pero eso no ha sido así”.
“Esto es una idea que hemos estado sopesando desde que empezaron las intervenciones (en enero de 2025). Estamos en conversaciones con organizaciones y abogados y estamos recopilando toda la data. O sea, que esto va a tomar tiempo”, reconoció en entrevista con EL VOCERO.
“Estamos entrevistando personas, recopilando datos e inclusive, si tenemos que ir a la República Dominicana también a entrevistar personas a las que les han violados sus derechos, iremos. Una madre dejó a su niño en la escuela en Barrio Obrero (Santurce) y cuando salió, fue arrestada y se la llevaron. El daño que se le causó a ese niño es un daño colateral, como ellos dicen de estas intervenciones”, relató.
Destacó que el recurso legal sería contra agencias como: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Pudieran ser más, según anticipó.
“Los funcionarios federales no tienen inmunidad para violar la ley y el orden de cualquier persona de a pie, para eso hay una Constitución en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ellos tienen derecho a hacer su trabajo, claro que sí, pero de forma ordenada con un debido proceso del arresto de cualquier persona”, puntualizó Rodríguez.
Esto es una idea que hemos estado sopesando desde que empezaron las intervenciones (en enero de 2025). Estamos en conversaciones con organizaciones y abogados y estamos recopilando toda la data.
En esta demanda -que aún se desconoce cuándo será radicada a nivel federal- también se incluiría la participación que tuvo el gobierno local mediante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) -a principios de año- cuando entregaron información sobre las licencias de personas con estatus migratorio no definido.
“Eso fue una violación de derechos civiles lo que sucedió ahí y fueron más de 20,000 personas. O sea que, el trabajo aquí es arduo”, consideró.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, informó recientemente que el Tribunal de Primera Instancia en San Juan falló a su favor y le ordenó al DTOP entregar el alegado ‘subpoena’ que le emitió una agencia federal y otros datos relacionados al traspaso de información de miles de personas inmigrantes.
Asegura impera el “perfil racial”
El portavoz de la comunidad dominicana -que se estima ronda los 100,000 en la Isla- expuso que los agentes federales están realizando las intervenciones sin cumplir con los requisitos de ley como tener una orden de arresto y una orden de allanamiento.
“Empezaron en Barrio Obrero porque están usando el perfil racial contra los inmigrantes dominicanos, en particular. Por su forma de hablar, por la tez negra, entonces están usando el ‘profiling’ para ir a comunidades habitadas por dominicanos y están pescando en río revuelto. Van a buscar, están buscando personas en la calle que parezcan dominicanos, pero sin una orden”, alegó.
Dijo que en una de las redadas más recientes intervinieron a unas 30 personas de piel negra, y entre ellos, había “tres puertorriqueños”. Destacó que desde enero hasta el presente “más de mil personas” han sido deportadas por las autoridades federales y otras permanecen arrestadas sin opción a fianza, comentó.
El HSI informó en julio, que en Puerto Rico habían sido detenidas 825 personas, de las cuales 99 habían sido acusadas en la esfera federal por diversos cargos criminales.
“No podemos seguir siendo tratados como salvajes, como si fuéramos animales que usted sale a cazarlos en la calle por su aspecto y por la forma en que habla. Eso no puede ser permitido”, reiteró.
