Por Leonel Amílcar Rivas
La Ley 179-09 permitía deducir los gastos educativos del Impuesto sobre la Renta (ISR) para fomentar la inversión en educación. Esta deducción aplicaba a personas físicas que declararan el ISR y cubrieran los gastos educativos de sus dependientes directos no asalariados, hasta un máximo del 10% del ingreso gravado. La reforma fiscal de 2024, presentada por el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, busca aumentar los ingresos del Estado en 122,000 millones de pesos al año, eliminando varias exenciones tributarias, incluyendo la deducción de gastos educativos.
El proyecto de Ley de Modernización Fiscal propone eliminar la deducción de gastos educativos, una medida que ha generado diversas reacciones en la sociedad. La reforma también incluye la eliminación de exenciones para la industria textil, el cine y el mecenazgo cultural, y propone medidas para combatir la evasión fiscal y modernizar el sistema impositivo.
Las implicaciones de esta medida tienes implicaciones negativas para la familia que anteriormente podían deducir los gastos educativos verán un aumento en su carga fiscal, lo que reducirá su ingreso disponible. También las familias tendrán que ajustar sus presupuestos para cubrir los costos educativos sin el beneficio de la deducción, lo que podría llevar a una reducción en el gasto en otras áreas esenciales.
Además, podría dificultar el acceso a la educación privada para algunas familias, especialmente aquellas de ingresos medios y bajos que dependían de esta deducción para hacer frente a los costos educativos. Otra implicación es que la eliminación de esta deducción podría desincentivar la inversión en educación por parte de las familias, afectando negativamente el desarrollo educativo de los hijos.
Para no afectar la familia con esta medida tributaria que atenta con el desarrollo integral de las futuras generaciones es importante evaluar otras alternativas como considerar otras formas de aumentar los ingresos fiscales sin afectar negativamente a las familias, como mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos existentes. La si la eliminación es inevitable, implementar la medida de manera gradual para permitir que las familias se ajusten a los cambios. Además, reforzar la inversión en la educación pública para asegurar que las familias que no puedan costear la educación privada tengan acceso a una educación de calidad.
La creación de programas de ayuda financiera para las familias de ingresos medios y bajos que se vean más afectadas por la eliminación de la deducción. Es importante promover un dialogo social con los diferentes sectores afectados para encontrar soluciones que minimicen el impacto negativo de la reforma tributaria a la educación de las futuras generaciones.
Finalmente, la eliminación de la deducción de gastos educativos en la reforma fiscal tendrá un impacto significativo y negativo en las familias, aumentando su carga fiscal y dificultando el acceso a la educación privada. Es crucial considerar alternativas y medidas de apoyo para mitigar estos efectos y asegurar una transición más equitativa.
