Grupo Especial para Cazar y Matar Periodistas

Grupo Especial para Cazar y Matar Periodistas

Redacción Nueva York. ENRIQUE GARCIA

En Venezuela los periodistas que critican al gobierno están condenados a muerte, según se desprende de un trabajo enviado a los medios por la agencia española EFE, en el cual se detalla el acoso y las amenazas a las que están sometidos los comunicadores en ese país, donde la vida no vale nada.

Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV

La investigación cubre las denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, que advierte sobre la crítica situación de los periodistas en ese país Sudamericano, bajo un régimen acusado de diversos delitos contra la humanidad y otros tan severos como tráfico de drogas, lavado de dinero y terrorismo.

La organización advirtió que los comunicadores venezolanos son víctimas de robos, amenazas y agresiones físicas. El caso más reciente es el del diario Correo del Caroní, cuyas instalaciones fueron allanadas varias veces y los fusilamientos de dos periodistas de una estación de televisión, asesinados por los temibles miembros de la policía especial conocida como FAES, acusados por la ONU de más de dos mil asesinatos a todo lo largo y ancho de ese país.

Las FAES, Fuerzas Armadas Especiales, fueron creadas en las cárceles por agentes de la policía nacional, que reclutaron al menos a dos mil criminales condenados por homicidios, atracos, robos de vehículos y tráfico de drogas, una vez entrenados, se les dio armas y licencia para matar.

El temible grupo, comparado con las fuerzas de seguridad de Hitler, las SS, por su eficacia a la hora de acosar o matar a los opositores al gobierno, tiene el récord en Sur América, de haber liquidado a tiros en tan solo dos años a mas de dos mil personas, entre ellos a los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV, quienes recibieron las advertencias de las autoridades para que cesaran de criticar al gobierno, una semana antes de ser fusilados.

Seis de los involucrados en el crimen fueron puestos a la orden de la justicia y aparentemente liberados en el más absoluto silencio. Una fuente cercana al caso asegura que los criminales fueron incorporados de nuevo al grupo elite de cazadores y ascendidos “por su valioso aporte a la defensa de la democracia”.

A continuación, les ofrecemos el informe que elaborô EFE para advertir al mundo sobre lo que esta ocurriendo con la libertad de prensa en Venezuela.

 EFE

Las detenciones arbitrarias y la intimidación a los periodistas en Venezuela tienen un carácter masivo e indiscriminado, denunció este miércoles 21 de octubre la Sociedad Interamericana de Prensa.

“Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora”, recoge un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que se celebra de forma virtual.

Además, el reporte destaca que no hay donde denunciar los atropellos porque los organismos oficiales están cerrados.

El informe también alerta que los militares y los policías impiden la libre circulación de los periodistas; por ello, las unidades móviles y los reporteros son secuestrados o atacados.

“Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud”, destaca el informe de la SIP.

De acuerdo con el reporte, la fuerza pública y los grupos paraestatales tienen como objetivo “crear miedo y zozobra entre los periodistas”.

“Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias”, subrayan.

Entre las agresiones contra periodistas, el 7 de enero y mientras la Asamblea Nacional vivía una caótica jornada, varios periodistas, incluido el corresponsal del diario español El País Francesco Manetto, fueron agredidos a las afueras del Palacio Legislativo por personas identificadas por sus atuendos y consignas como simpatizantes del chavismo, un caso que no menciona el informe.

Dos periodistas asesinados por la policía

El informe de la SIP recuerda que el 21 de agosto fueron asesinados Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV, durante un presunto operativo de la FAES.

Este grupo está adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y fue acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales desde su fundación en 2016. La ONU exige su disolución.

El 23 de agosto, el director de Guacamaya TV, Franklin Torres, aseguró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que una comisión policial entró a la sede el canal de forma violenta y, luego de los asesinatos, decomisó todos los equipos de la planta televisiva.

El informe Sombra sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, publicado en julio pasado e incluido en el reporte de la SIP, también denuncia el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura.

Por ello, 2019 fue el peor año para el periodismo. Durante esos 12 meses, se emitieron 642 alertas, 228% más que el año anterior.

Una cadena de detenciones y amenazas

El reporte de la SIP recoge una serie de amenazas y detenciones a periodistas en los últimos meses en Venezuela.

El periodista Luis Gonzalo Pérez recibió el primero de abril amenazas en su teléfono. Desde seis números distintos mencionaban a su familia y su dirección.

Charito Roja, que trabaja en Unión Radio, recibió amenazas en sus redes sociales luego de ser mencionada por el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, en el que suele amenazar e insultar a periodistas.

Otro periodista, Darvinson Rojas, fue detenido durante 12 días entre marzo y abril por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de covid-19. Posteriormente fue liberado con medidas cautelares.

Además, durante el operativo policial también fueron arrestados sus padres y puestos en libertad horas después.

El informe de la SIP recuerda que el 7 de abril la periodista Mayerlin Villanueva y el fotógrafo Luis Cobaría, del diario La Prensa del estado Táchira, fueron detenidos durante cuatro horas por la Guardia Nacional Bolivariana cuando intentaban acceder al Cuerpo de Bomberos en la localidad fronteriza de San Antonio.

Arrestos en todo el país

En el estado Mérida, la GNB detuvo al periodista Elvis Rivas, corresponsal de Globovision, mientras que el 18 de abril el periodista Eduardo Galindo estuvo detenido 64 horas en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Policía en San Fernando de Apure, estado Apure.

El 15 de abril, el periodista Arnaldo Sumoza fue detenido en el estado Guárico cuando grababa una protesta por falta de agua.

El 6 de mayo, tras 5 meses y 16 días detenida en la sede de la Dgcim, fue excarcelada Ana Belén Tovar, gerente de Venmedios.

En junio, el director de la emisora Tremenda105.7, Eduard Rojas, fue detenido sin orden judicial en Mérida, sacado de su casa por una comisión de la GNB y liberado tres días después.

Acusados de manejar cuentas anónimas

También en junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y a Marco Antoima por “el supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales”.

El 31 de agosto, Nicolás Maduro incluyó a los dos periodistas en una larga lista de personas beneficiadas con medidas de gracia e indultos.

El último caso documentado es el del Correo del Caroní, periódico del estado Bolívar cuyo director, David Natera, fue arrestado durante horas el 12 de octubre y su casa allanada.

El 14 de octubre también fueron intervenidas las oficinas en Caracas e incautado equipo del portal 15minutos.com, cuyo fundador es David José Natera Biliangieri, hijo del director del Correo del Caroní.

Este mismo martes, el Sebin allanó nuevamente las instalaciones de Correo del Caroní, caso del que hasta ahora se desconocen los detalles.

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