Por: Jhonny González
Los partidos políticos del país han pretendido convertir la diputación al Parlamento Centroamericano -Parlacen-, en su “botín de guerra”, desnaturalizando el propósito y finalidad de un organismo creado para impulsar y fortalecer el proceso de integración en la región, enmarcado dentro del esquema del Sistema para la Integración Centroamericana -SICA-, del cual, la República Dominicana es miembro de pleno derecho desde junio del 2013.
El Tratado Constitutivo Centroamericano y otras Instancias Políticas fue suscrito en 1987, efectuándose su primera sesión solemne el 28 de octubre de 1991 en la ciudad de Guatemala, donde quedó ubicada su sede.
El 01 de noviembre del 2007 entró en vigencia la resolución que otorgó plenos derechos a los Parlamentarios y Parlamentarias designados por la República Dominicana, quienes tendrían, a partir de la fecha, los mismos derechos y obligaciones que los diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, no es sino hasta el 17 de abril del 2016 que, la Junta Central Electoral -JCE-, mediante la Resolución No. 65/2016, establece, en apego al Artículo 3 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano que fija los requisitos para ser Diputado y dispone al respecto: “Para ser Diputado(a) al Parlamento Centroamericano, debe cumplirse con los mismos requisitos que se exige para ser Diputado o representante ante los Congresos o Asambleas Nacionales de los respectivos Estados Partes”, que se determina la elección, por votación popular, de los 20 Diputados dominicanos y, sus suplentes, al Parlacen.
Desde entonces, los mecanismos de escogencia, por parte de los partidos políticos, de estos representantes de la integración regional centroamericana, van desde el más estricto secretismo, hasta la negociación espuria de alianzas, pago de favores familiares y reparto de privilegios, sin tomar en consideración la esencia de un organismo que requiere de los mejores hombre y mujeres de la república, con las credenciales morales y académicas suficientes para representar dignamente al país y la causa de la integración regional.
El grito de alarma dado por la JCE al no admitir un número considerable de candidaturas presentadas por las organizaciones políticas que no reúnen los requisitos de Ley, violando la propia Ley 33-18, al no tomar en cuenta la paridad de género y el tema de la jurisdicción, con aspirantes que, inclusive, residen en el exterior, viene a poner orden en esta espiral anárquica-jurídica, promovida desde organizaciones que pretenden dirigir los destinos del Estado, quienes están obligados, por demás, a respetar la Ley.
