Por Mario Holguín
En noviembre de 2025, el Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano presentó con evidente satisfacción los primeros resultados del Plan “RD Se Mueve”, lanzado apenas cinco meses antes.
El balance oficial fue contundente al presentar que más del 70 % de las acciones de la primera etapa completadas; mejoras de hasta un 30 % en las velocidades promedio en corredores principales del Gran Santo Domingo; optimización semafórica en 11 de 14 troncales; restricciones de giros a la izquierda en 15 intersecciones clave; regulación de estacionamientos en decenas de vías y horarios laborales escalonados en 137 instituciones públicas que beneficiaron a más de 70.000 servidores.
Todo ello, según las autoridades, había contribuido a una “reducción histórica” en la siniestralidad vial ak registrarse 1,994 fallecidos en todo el país durante 2025, un 33 % menos que los 2,971 de 2024. Las lesiones graves con una caída del 36% y, en los primeros siete meses del año, una baja del 45 % en fatalidades respecto al mismo período de 2024.
La narrativa oficial fue clara al decir que el Plan “RD Se Mueve”, junto con el endurecimiento de la fiscalización en general había marcado un antes y un después en la seguridad vial dominicana.
Incluso se habló de una tasa de mortalidad que habría descendido a niveles cercanos a 17 por cada 100,000 habitantes, un logro que colocaría al país en una senda de mejora acelerada.
Sin embargo, esa euforia oficial ha dado paso, en pocos meses, a una creciente desconfianza entre ciudadanos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en seguridad vial.
La caída abrupta, casi un tercio de las muertes en un solo año, resulta atípica cuando se compara con patrones internacionales. Países con políticas viales exitosas, como España, Suecia y Costa Rica, las reducciones sostenidas rara vez superan el 5 % anual y se logran tras décadas de intervenciones integrales, no en un salto drástico con medidas focalizadas y de corta duración.
En el Reporte reciente titulado De la euforia a la Desconfianza, en SESVIALFP evidenciamos hallazgos interesantes que ponen en relieve los elementos que cuestionan los avancews del 2025 en materia de movilidad segura.
¿Cuáles son las razones que alimentan esta desconfianza?
En primer lugar, las limitaciones geográficas del plan “RD Se Mueve” se concentra casi exclusivamente en el Gran Santo Domingo, zona que, según los propios datos del OPSEVI-INTRANT, concentra menos del 17 % de las fatalidades nacionales. Más del 83 % de las muertes por tránsito ocurren en el resto del país, donde no se aplicaron las mismas intervenciones.
En segundo lugar no menos importante, son las deficiencias estructurales en los datos con un subregistro histórico crónico por todos conocido. Muchas lesiones leves no se reportan, las muertes tardías hasta 30 días después del accidente no se registran de forma sistemática y existen discrepancias notorias entre las cifras del OPSEVI, la Red Nacional de Trauma, los registros hospitalarios, el INACIF y la JCE.
El tercero es, que tenemos un sistema epidemiológico nacional que sigue siendo ineficiente para entregar datos confiables en tiempo real. Recuerdo que en el 2013 se dieron los datos del 2012 porque los correspondientes se habian borrado del sistema.
La percepción ciudadana es contraria a los datos anunciados. Pues, a pesar de los indicadores oficiales de fluidez vial, la mayoría de los usuarios del Gran Santo Domingo no percibe una mejora sustancial en la congestión diaria ni en la seguridad percibida.
La alta dependencia de motocicletas, responsables del 86 % de las fatalidades y la informalidad vial no han sido abordadas de forma estructural.
En cuanto a la carga económica, es subestimada en el sentido de que las autoridades citan un costo de 3 % del PIB por siniestralidad vial, estimaciones independientes y proyecciones de iRAP (International Road Assessment Programme) sitúan la carga real entre 5 % y 9 % del PIB (US$6.400 a 11.500 millones anuales en 2025), considerando pérdida de productividad, discapacidad permanente (28 % de lesionados graves con secuelas) y sobrecarga en el sistema de salud.
Frente a esta brecha entre los anuncios oficiales y la realidad cuestionada, el informe técnico “Desconfianza en las Cifras Oficiales de Seguridad Vial 2025 concluye que, aunque existen avances parciales en ordenamiento vial en el área metropolitana, es prematuro y riesgoso atribuir la reducción reportada exclusivamente al Plan “RD Se Mueve”.
Sin un registro nacional unificado, auditorías independientes de terceros (OPS/OMS, academia, ONGs), publicación de datos crudos desglosados y expansión real de políticas integrales a todo el territorio, el riesgo de retroceso es alto.
La verdadera transformación de la seguridad vial en República Dominicana no se logrará con cifras puntuales ni con medidas focalizadas, sino con institucionalidad autónoma, transparencia radical y un compromiso sostenido de largo plazo.
Pasar de la euforia a la desconfianza es, en este caso, un llamado urgente a la acción verificable.
Mario Holguín /Titular SESVIALFP
