¿Código 29 para todos? La doble moral frente al delito

 

La delincuencia es un mal estructural que azota a las sociedades modernas. Sus raíces son profundas y multifactoriales: van desde la carencia de educación de calidad y la desintegración de los hogares, hasta embarazos en adolescentes sin conciencia de la responsabilidad que implica criar una vida, sumado al consumo y tráfico de drogas narcóticas que destruyen el tejido social.

Sin embargo, en nuestra realidad nacional llama poderosamente la atención un fenómeno mediático y policial: el famoso «29», invocado sin rubor por las autoridades, coreado acríticamente por algunos comunicadores y respaldado incluso por sectores de los estratos más humildes de nuestros barrios, hastiados de la inseguridad.

La pregunta obligada es: ¿hemos visto alguna vez un intercambio de disparos aplicando este código con delincuentes de cuello blanco, de las altas esferas sociales o con los llamados «totumpotes», como bautizara Juan Bosch a los poderosos?

De acuerdo con registros de los medios de comunicación en la República Dominicana, los reportes oficiales más recientes indican que a través de este accionar policial se han contabilizado decenas de personas abatidas y más de un centenar de entregas voluntarias en todo el territorio nacional.

La selectividad de la justicia y los megaedificios de la corrupción

Si contrastamos esta mano dura con los grandes escándalos de desfalco al erario público que han sacudido al país, el contraste es moralmente indefendible. Entre los casos más emblemáticos figuran:

Operación Senasa / Operación Cobra: Uno de los desfalcos más graves al sistema de salud público, con perjuicios estimados en miles de millones de pesos bajo pasadas administraciones.

Operación Medusa: Involucra al exprocurador general Jean Alain Rodríguez en el presunto desvío de más de RD$6,000 millones de los fondos de la Procuraduría.

Operación Calamar: Un millonario entramado de corrupción que salpicó a exministros clave (como Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta) mediante pagos irregulares por expropiaciones y sobornos.

Operación Antipulpo: Una red de colusión de funcionarios y lavado de activos encabezada por Juan Alexis Medina Sánchez, aprovechando vínculos directos con el poder político para acaparar contratas privilegiadas.

Operación Coral / Coral 5G: Estructura de corrupción militar y civil liderada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, que despojó al patrimonio público de más de RD$3,000 millones mediante nóminas fantasmas y opacidad patrimonial.

En ninguno de estos conglomerados de corrupción figuran ciudadanos de los sectores vulnerables. Son delitos de altos vuelos donde los montos superan por mucho el daño material de cualquier asaltante callejero.

¿Quiénes destruyen más a la sociedad?

Ante este panorama, cabe interpelar a la opinión pública: de estos actores que han reñido con la ley, ¿cu cuáles le hacen un daño más irreparable a nuestra nación? ¿El joven marginal que arrebata un celular en una motocicleta o el funcionario de cuello blanco que vacía las arcas públicas, destruyendo la salud, la educación y las oportunidades de todo un pueblo?

¿No sería más sensato exigir que las reglas de juego se apliquen con idéntico rigor para todos? Tanto para el rico que corrompe y saquea como para el infractor común. Al final, aunque los tribunales usen términos distintos y los delitos se vistan de trajes caros o de ropas humildes, la esencia del daño es la misma.

Los actores del sistema en la República Dominicana —clase política, élite empresarial y cúpula militar— urgen de una reingeniería ética profunda. Quedó demostrado que el famoso «29» no erradica la delincuencia; apenas la maquilla, la desplaza y evidencia la dolorosa desigualdad de nuestra justicia.

 

Información de las provincias: Conoce los detalles de lo que ocurre en cada demarcación y los reportes locales ingresando a Noticias Judiciales en nuestro portal

 

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