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En la bibliografía del escritor, poeta y ensayista Joaquín Balaguer, quien fuera político y Presidente cuasi siete veces –y no quiero referirme a ese polémico ejercicio, donde sobresale el déspota ilustrado-represivo-, hay un texto suyo que retrata, desde el género novela -mezcla historia-sociología-, el alma de lo que otro escritor y político, en término científico-sociológico explicó mejor -el Prof. Juan Bosch, Composición Social Dominicana-: el comportamiento sociopolítico o idiosincrático de las diferentes capaz de nuestra pequeña burguesía en el contexto de una sociedad signada por arritmias históricas, caudillismos y el afán de trascender y sobrevivir de ese conglomerado social que Balaguer supo pintar, usar y desentrañar, como ningún otro político dominicano, en su novela-testimonio Los Carpinteros y su dilatada carrera política.

Pues bien, ese texto aun sigue describiendo el comportamiento psicosocial y político de nuestra pequeña burguesía, en su estratificación y expresión idiosincrática, en tanto ente motor de movilidad social, desarraigo, rebeldía, participación política o ejercicio profesional, técnico o, como la mayoría, en la simple búsqueda de la sobrevivencia humana. Sin contar, que ese segmento poblacional, ha sido el caldo de cultivo y sostén de revueltas, montoneras, guerras, movimientos artísticos, culturales, literarios; pero, sobre todo, de caudillos, líderes y caciques que aun coexisten en la sociedad dominicana disfrazados de demócratas, liberales, trujillistas reprimidos, o de simples alcahuetes, no gratuitos, de un entramado sociopolítico y fáctico que se resiste al cambio auténtico: ese que permita el relevo, ordenado y pacífico, de una sociedad, en su statu quo, tomada por una “camada” -combinación perfecta- de tecnócratas-burócratas, políticos y poderes fácticos que no se jubila ni concibe su vida fuera del control y dominio de los poderes públicos, aun al pie del sepulcro o sostenido por los entresijo de la política, el tráfico de influencia, el fenómeno bocinaje; o el simple, pero sonoro y efectivo, abolengo.

Y así, será muy cuesta arriba crear o construir una cultura de institucionalidad democrática, si cada vez que lo que la Constitución consagra y dispone nos lo queremos saltar, burlar –transfuguismo-prohibición- o, simplemente, buscarle justificación política a lo que no debería admitir discusión: como, por ejemplo, que, un Presidente -el que sea-, en pleno uso de sus atribuciones, decida nombrar o destituir un funcionario. Y hasta eso, en nuestro país, es primera página y tema de tertulias y callejones. ¡Válgame Dios!

Porque, se supone, deberíamos, a estas alturas, estar defendiendo continuidad institucional y no personas, pues estas –las instituciones- son las que deben prevalecer. O como decía un viejo ducho en esos menesteres: “Se da las gracias, a la entrada y a la salida”, es decir, cuando te nombran y/o te cancelan. ¿O no?

Publicado en opinion

Azua. Un comerciante, víctima de una incautación ilegal de un camión cargado de cemento en cuyo interior había RD$75 mil pesos, pidió a los jueces del Juzgado de Instrucción de esta ciudad que en la audiencia a celebrarse el próximo jueves los involucrados (quienes tienen medidas de coerción) sean enviados a juicio de fondo.

Julio César Lebrón Martínez explicó que a solicitud del Ministerio Público Arturo Mayobanex Segura Suero y Francis Manuel Céspedes Ramírez habrían sido encontrados culpables de violar presuntamente los artículos 379 y 383 del Código Penal dominicano en su perjuicio tras incautarles el vehículo pesado pretendiendo cobrar una deuda que ya había saldado.

Precisó que tomó un préstamo de RD$840 mil pesos a Segura Suero el 11 de abril del 2018 que se vencería el 11 de febrero de 2019 pero pagó dicha deuda meses antes con los cheques 001446 y 001447 ambos del Banco de Reservas. “Sin embargo, Segura Suero y Céspedes Martínez me incautaron el camión Daihatsu el 13 de noviembre del 2018 dicha acción fue considerada como una violación a la ley por el Segundo Juzgado de la Instrucción Permanente de Azua”, aseguró.

Indicó que ese mismo tribunal, mediante fallo del 23 de enero del 2019 los condenó al pago de una garantía económica de RD$150 mil pesos cada uno, presentación periódica durante seis meses el último viernes de cada mes, impedimento de salida del país y someterse al cuidado y vigilancia del señor Iván José Ibarra Méndez, medidas establecidas en los numerales 1,2,3 y 4 del artículo 226 de la norma Procesal Penal.

De su lado el doctor Miguel Antonio Polanco, representante legal de Lebrón Martínez, afirmó confiar en la justicia de Azua a pesar de que los familiares de su cliente solicitaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) incrementar la seguridad el día de la audiencia en vista de que uno de los involucrados en la incautación ilegal del camión y el dinero tiene influencias políticas en Azua.

Publicado en Nacionales