Ley de Partidos Políticos y el Meollo: Democracia-Financiamiento

11 Jul 2017 Francisco Cruz
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Aunque me hubiese gustado que los proyectos de Ley de Partidos Políticos y de reforma a la Ley Electoral, se diera en el marco de gran consenso-debate entre actores políticos (con la discusión obligatoria y amplia en cada partido político –de arriba abajo-), líderes de movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, académicos, sociedad civil; y, por supuesto, tomando, como aportes indispensables y de mucha valía, todas las recomendaciones técnicas y procedimentales que han recomendados organismos, expertos e instituciones, entre ellas, las que han operado en calidad de observadores o de misiones electorales que, como la de la OEA y la Unión Europea, llevan algunos años dándonos asistencia técnica y de monitoreo en los procesos electorales ya certificando avances, pero también, haciendo puntuales observaciones y recomendaciones sobre fallas técnicas y lagunas en materia de legislación electoral.

Sin embargo y de todas formas, parecería –por las declaraciones que van saliendo en la prensa- que la comisión bicameral que actualmente está negociando el proyecto de Ley de Partidos Políticos va dando señales de que, verdaderamente, la clase política ha hecho conciencia de ya no será posible seguir agotando procesos electorales y de primarias internas con un ordenamiento jurídico-políticos obsoleto que ya ni siquiera ellos mismos –los partidos políticos y sus líderes- pueden regentear ni garantizar transparencia, equidad ni un mínimo de arbitraje interno sin la posibilidad de poder evitar eventos caóticos de violencia y de transgresión a las leyes, tales como: muertos de campañas electorales, compra de voto y simpatías, circulación de dinero de dudosa procedencia, infiltración de elementos del crimen organizado –en calidad de candidatos a puestos de elección popular- y de cada vez menos democracia interna por una suerte de suplantación orgánica-institucional de los partidos políticos por sus cúpulas o jerarquías que, prácticamente, son cuasi vitalicia en desmedro de sus líderes en ciernes y de la propia sobrevivencia dialéctica-institucional-generacional de las organizaciones políticas.

No obstante, hay dos elementos que, aunque de vieja diferencia en el contexto de los liderazgos-cúpulas de los partidos, están aflorando como de difícil solución –jurídico-constitucional- o de desafío político, hablamos del tema de las primarias internas en su doble vertiente: para la elección de los órganos directivos de las instancias –orgánicas-institucionales de los partidos políticos y de la lección a puestos o cargos de elección popular. Tal dilema o disyuntiva trae, aparejado, el problema del padrón electoral y de financiamiento: que si, para la elección interna –llámese primarias- a puestos de elección popular, sería el de la JCE (que parece tener consenso); y para la elección de los directivos a instancias orgánicas-institucionales, el de cada partido (¿pero cuál? Si no hay un solo partido político en el país que tenga un padrón interno auditado, actualizado, moderno, verificable y sin duplicidad –o de sobaco-). Por ello, para el PLD –y creo para todos los partidos, la propuesta del dirigente Franklin Almeida, de que todo el mundo se inscriba, es la más idónea y saludable-, al menos si queremos “sincerizar”-superar el padrón-guía telefónica, la lista de muertos de cementerio o el partido de sobaco del que todos hacemos alarde pero que en los procesos internos de los partidos no aparece ni por asomo.

Empero, el debate no es ese –¡gracias a Dios!-, sino, el jurídico-constitucional, pues ya hay diversas opiniones, de expertos, que están teorizando-argumentado sobre que la JCE no tiene competencia jurídica-constitucional para regentear proceso eleccionarios –primarias- internos de los partidos políticos. Tal debate jurídico-constitucional es saludable; mas sin embargo, y a la luz de las legislaciones más modernas, avanzada y garantista de Latinoamérica –entre ellas las de Colombia-Honduras-, no es menos urgente que, para nuestro caso (donde la vida orgánica-institucional de los partidos políticos está reducida a meras liturgias protocolares de Convidados de Piedra), centrar la norma en garantizar: a) Democracia interna; y b) Financiamiento, transparencia y rendición de cuentas. Esto si queremos superar dos falencias-rémoras históricas-antidemocráticas: monopolio o suplantación orgánica-institucional de las organizaciones políticas por parte de sus jerarquías-cúpulas y acatamiento orgánico-institucional de los procesos eleccionarios internos sin resquicio –de ley o estatutarios- para pos-pociones ni subterfugios baladíes so pena de sanción y condena.

De modo que el problema o nudo gordiano del sistema de partidos políticos, en nuestro país, no es del todo el de financiamiento que, dicho sea de paso, Honduras lo encaró con una ley exclusiva en la materia (Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos), sino, el de Democracia interna en su doble vía: para la elección de los órganos directivos de los partidos políticos y a cargos de elección popular. Por supuesto, el tema financiamiento no deja de ser preocupación (y realidad!) pues de él –si no hay control ni fiscalización estricta- se derivan: competencias internas desiguales, imposturas jerárquicas (o dedazo), cacicazgos políticos, y lo peor, infiltración de vulgares agentes del crimen organizado en las estructuras o instancias jerárquicas de los partidos políticos y, por vía de consecuencia, en los poderes públicos.

 

                                                                Fco. S. Cruz

 

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