Lanzan campaña de concientización sobre abuso sexual comercial infantil en Los Guarícanos

17 May 2018 Por Vicente Peña
109 veces

Santo Domingo, DN. – Un estudio realizado hoy por la Asociación de Ayudas a las Familias (ADAF) determinó que los menores de edad de la provincia Santo Domingo Norte tienen una alta probabilidad de ser víctimas de explotación sexual comercial Infantil derivado de los
elevados niveles de pobreza, deserción escolar, violencia en el entorno familiar y la demanda de turismo sexual.
Con la intención de prevenir y reducir esta incidencia ADAF ha lanzado la campaña “¡Si
callamos, nos hacemos cómplices! La explotación sexual comercial infantil es un delito”.
Durante una rueda de prensa en el Salón del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), La coordinadora del proyecto, Licenciada Adalgisa Batista, afirmó que este plan utiliza una jornada
educativa a nivel familiar y comunitario para fortalecer las capacidades personales y
familiares, reduciendo así los riesgos psicosociales y de salud física que conlleva esta
situación, restituyendo a las víctimas en sus derechos y garantizando que finalicen su
educación.
“En el proyecto están involucrados 9 centros educativos identificados como de alto riesgo
(seis públicos y tres privados), la sociedad civil de Los Guarícanos y el Ministerio de
Educación “, indicó Batista.
Bajo el respaldo del Ministerio de Educación, ADAF brindará capacitación a 70 docentes
de nueve centros educativos con la intención de favorecer la identificación de personas en
riesgo y víctimas de la explotación sexual comercial infantil, así como implicar a profesores
en la prevención, fomentando su intervención.
La profesional de la psicología, indicó que un estudio realizado por OIT/IPEC en 2006, sobre
“Tolerancia Social en la Población frente al Comercio Sexual con Personas Menores de
Edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, puso en evidencia la tolerancia
social que existe en República Dominicana en torno a esta actividad delictiva, ya que el 7%
de los entrevistados considera que pagar a una persona menor de edad para tener
relaciones sexuales no debe considerarse un delito.

“El mismo estudio muestra el fenómeno de la invisibilidad de la responsabilidad de los
perpetradores, de la colectividad y del Estado, en nuestro país las causas de este delito
son atribuidas en un 59 % a las mismas víctimas y a sus familias, contra el 22 % de
responsabilidad del Estado, el 3 % del proxeneta y apenas el 0.8% del cliente”, puntualizó
Batista.
El objetivo de este proyecto, patrocinado por el Gobierno de Aragón y la "Fundación Mas
Vida de España", es lograr un cambio de conducta frente a la normalización.

Valora este artículo
(0 votos)