Segunda Mesa de Reflexión sobre Seguridad Vial

06 Mar 2018
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La Ley 63-17 promulgada el 21 de febrero del año pasado, no trajo nada nuevo al pueblo dominicano en materia de seguros y fianzas tras producirse un incidente de tránsito con víctimas y daños materiales, sino que acogió lo contemplado en la antigua ley 241-67-. Así lo afirmó el Dr. Pablo Arredondo Germán en conferencia dictada en un hotel de la capital dominicana.

“Salvo el monto de la multa por la no tenencia del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito del vehículo que circula en la red vial dominicana y consecuentemente algunas prerrogativas como castigo para obligar al pago de la contravención”, añadió.

La reflexión la hizo al tratar como tema: Seguros y Fianzas en la Movilidad. Nuevas Alternativas, donde señaló que la novedad se circunscribe en el aspecto fiscal al referirse que ahora se consigna un monto equivalente al salario mínimo oficial, o sea, RD$5,117.50 y de no cumplir su pago en un determinado plazo puede ser afectado de múltiples maneras, tales como cargo por mora y restricciones de ciertos servicios públicos.

El Dr. Arredondo enfatizó que este seguro de responsabilidad civil no protege a las víctimas, de manera que se caracteriza fundamentalmente por ser excluyente al no responder a afectados parientes por sanguinidad o afinidad del asegurado.

Asimismo agregó, que para viabilizar la indemnización en los tribunales se esta sujeto a un largo y tortuoso proceso judicial que por demás incide en el normal desenvolvimiento y en lo económico y psicológico de los afectados.

Esta situación debe reconsiderarse, según Arredondo Germán, puesto que la sociedad demanda políticas públicas de carácter social, y sobre todo en un país donde los incidentes de tránsito están a la orden del día reportándose una estadística trágica de heridos y fallecidos en ruta.

Existen instrumentos en materia de seguro de tránsito más consecuente con nuestra realidad. Precisó además, que es necesario tomar en cuenta a todos los usuarios de las vías involucrados en violencia vial por lo que debe ser obligación del Estado asistirlos y protegerlos. Considerando que los más de 10 millones de habitantes en nuestro territorio al que tenemos que sumarles los millones de itinerantes al año, son conductores, peatones o pasajero.

Estas declaraciones se produjeron en el marco de la Segunda Mesa de Reflexión sobre Seguridad Vial que organiza FundaReD mensualmente.

 

 

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