Elementos filtrados por fecha: Lunes, 14 Mayo 2018

La Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios (FDTP) y la Federación Regional de Trabajadores Portuarios de Haina (FRTPH), exigen del director de pensiones del Estado Dominicano el señor German Nova, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, la sustitución de los pensionados fallecidos por trabajadores con 60 y 70, y hasta 80 años, que reúnen las condiciones para ser pensionados.


El reclamo lo hacen en atención al acuerdo firmado entre el gobierno, los empresarios navieros y los sindicatos portuarios, el día 5 de febrero del año 2010.

Silvio Ureña, presidente de FDTP, dijo que desde esta fecha ha sido uso y costumbre la sustitución de los trabajadores fallecidos, además de la orden dada por el presidente Danilo Medina, quien autorizó la sustitución 643 fallecidos, en el mes de Julio del año 2015.


“Hace más de dos años que los trabajadores portuarios estamos esperando la sustitución de los pensionados fallecidos por trabajadores que cumplen con la ley”, indicó.


Ureña dijo, que los portuarios tienen una asignación en el presupuesto 14 millones 350 mil pesos mensuales, los cuales le son depositados cada mes al Ministerio de Trabajo, y no saben a dónde está yendo a parar el dinero que cobraban los pensionados fallecidos.


“Desde el 30 de Julio del 2015, no hemos logrado ni una sola sustitución, por lo que preguntamos a los Ministerios de Trabajo y de Hacienda, la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuestos, que ¿a dónde han ido a parar los millones dejados de pagar a los portuarios fallecidos, y que debían recibir por sustitución los obreros ancianos, con más de sesenta años, que hoy sufren y mueren por falta de medicina y comida?, manifestó el presidente de FDTP.


Los dirigentes sindicales de FDTP y FRTPH, también solicitaron la creación de un mecanismo entre estas instituciones con menos burocracia, aunque solo funcione para fines de las sustituciones de los pensionados fallecidos por un trabajador portuario.

“Por justicia social y por humanidad, abogamos por acciones inmediatas, de parte de las autoridades competentes, que como resultado brinden la oportunidad de mejorar la calidad de vida de centenares de envejecientes”, puntualizó Silvio Ureña.

 

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El periodista y abogado David R. Lorenzo pidió a las autoridades que prohíban la difusión en la radio, la televisión y los demás medios de comunicación los programas de los llamados “numerologos”, por ser una estafa para el público, sancionada por el Código Penal Dominicano.
Lorenzo, quien fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), dijo que esos personajes engañan diariamente a incautos dominicanos, a quienes prometen falsamente adivinar los números que saldrán premiados en las loterías dominicanas.
Indicó que esa es una vulgar estafa que se realiza a la vista de las autoridades, incluyendo a la Comisión Nacional de Espectáculo Público y al Ministerio Público, que pueden perseguir y someter a la justicia a estos personajes.
Explicó que la estafa es considerada como el empleo de maniobras fraudulentas destinadas a conseguir que le entreguen la cosa con la intención de engañar al que la entrega. Es también cuando se obtiene provecho ilícito para sí o para un tercero, en perjuicio ajeno, a través de artificios o engaños.
Señaló que está contenida en el artículo 405 del Código Penal dominicano, y su ejecución contempla una pena de prisión correccional de 6 meses a 2 años y multas de 20 a 200 pesos.
Manifestó que en este caso, a diferencia de lo que ocurre con el robo, el infractor no recurre a la violencia sobre los bienes, ni a la amenaza ni al constreñimiento contra las personas, sino que su maniobra la ejecuta a través del engaño que ejerce sobre la víctima. Añadió que con ella se lesiona la propiedad ajena, a través de la falsedad, al utilizarse la mentira, afirmaciones mendaces y maquinaciones fraudulentas.
Dijo que el artículo 11 del Reglamento 824, sobre Espectáculos Públicos y Radiofonía establece: “La Comisión someterá a la acción de la justicia, a los que infrinjan este Reglamento o cualquier otra disposición legal confiada a sus vigilancia”.
Expresó que el artículo 61 expresa: “la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto estarán sometidas a las normas y leyes establecidas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que vigilará el debido cumplimiento de las mismas”.
El abogado y comunicador dijo que los “numerólogos” se están multiplicando, pese a las denuncias de estafas de muchas personas. Indicó que estos personajes cobran hasta 50 mil pesos a una persona para engañarla.
Pidió a los propietarios de emisoras y canales de televisión sacar a esos estafadores de su programación, y de esa manera hacer un buen servicio a la sociedad dominicana.

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Santo Domingo Este.- Residentes en el Triangulo de Alma Rosa II, realizaron ayer una marcha en protesta de que la Envasadora Rojo Gas, ubicada en la calle marginal con San Vicente de Paul y su propietario sigan la ampliación de la misma.
Al paso de un recorrido por lugares cercanos al residencial, los manifestantes eran recibido con señal de apoyo, también se escuchaban las consignas siguientes: No a la muerte si a la vida. No Rojo Gas, señores regidores ustedes son nuestra voz en la sala capitular. Fuera Rojo Gas, Rojo Gas aquí no se vende Gas, entre otras.
El presidente de la Junta de Vecinos señor Plinio Llaverias manifestó que Las autoridades municipales se han mostrado indiferentes al problema, no obstante en la sala capitular un regidor presentó un proyecto para la ampliación y remodelación de esa planta, la cual dicha propuesta no pasó.
"Esta envasadora no tiene permiso definitivo, no cuenta con el permiso de uso de suelo" expresaron.
En la actualidad la resolución 69-15, estableció un año para cierre y reubicación, en el 1992 fue cerrado por digenor, en el 2004 medio ambiente también ordeno el traslado.
LLaveria demando de las autoridades de que sea cumplida la resolución del Ministerio de Medioambiente que ordena el cierre y traslado ya que esta no cumple con las especificaciones técnicas necesarias para su operación en el lugar.
De su lado el regidor Julio de Camps expreso que la resolución sobre demolición y ampliación de la planta de gas, que se pretendió aprobar en la sala capitular no conto con los votos suficientes para ser aprobada.
En ese mismo orden la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Adalgisa Abreu dijo "sometimos en la cámara de diputados, el 28 de agosto del año pasado un proyecto de resolución solicitándole al Ministerio de Medio Ambiente el sierre definitivo de esta planta de gas y el traslado por la inseguridad e intranquilidad que tiene sometido a los residentes de este sector".
En ese sentido se manifestó el ex candidato Alcalde Manuel Jiménez, quien dijo que el tema del triangulo y rojo gas es apena un caso y hay decenas de conflictos que tienen que ver con instalaciones ilegales, muchas de ellas son de envasadoras de gas.
“no tenemos ideas de cuál es el compromiso que hizo el alcalde de aquí, de llenar la ciudad de planta de gas" expresó el exdiputado.
Señaló que el caso de rojo gas es particular hay una resolución de medio ambiente que le da un año para trasladar esa planta de gas, vencido ese plazo las autoridades no le han dado cumplimiento a la misma.
Durante el recorrido por diferentes sectores y aledaños los munícipes estuvieron acompañados, apoyando la causa el diputado Alexis Jiménez del Partido Revolucionario Moderno (PRM) los regidores: Daneris Santana Frente Amplio (FA), Leo Calderón Frente Amplio (FA), Claudia Pérez Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Robert Arias, José Sánchez y Bernarda Aracena del Partido Revolucionario Moderno.

 

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LAS SALINAS, Barahona.- Los movimientos juveniles Mojudemusa y Modejufusa acusaron este domingo a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) de ser responsable de la desgracia que afronta esta empobrecida comunidad por las masivas cancelaciones que se han producido en los últimos días en la mina de sal.

Explicaron que recientemente han despedido unas 30 personas, pero que el total suman 60 las que han sido apartadas de laborar en cuya mina, la cual, alegan que por naturaleza es un patrimonio que les pertenece a los salineros.

Sostienen que el CORDE alega de que las cancelaciones obedecen a que la mina será clausurada, sin embargo, han establecido que sigue operando contratando por día a jornaleros de esta localidad.

Señalaron que el objetivo que observan más viable es que la mina quede bajo la administración del Ayuntamiento municipal.

Alegan que el Gobernador por Barahona, Pedro Peña Rubio, gestiona que la mina sea administrada por la familia de apellido Rubio Féliz de esta población, pero que ellos son opuestos a estas pretensiones.

Amenazaron con lanzarse a las calle en protestas permanentes por dicho atropello, además advierten al gobernador de que tenga mucho cuidado de entregar las funciones de la mina a sus familiares para que la crisis no se profundice

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